Carencias en el Poder Judicial poblano, desde el servicio de agua potable, la falta de personal, de computadoras, de internet y hasta de tinta para las impresoras.

El malestar por las limitaciones económicas en el Poder Judicial poblano no se reduce únicamente a los casi 2 mil trabajadores que reclaman mejoras salariales, sino que también alcanza a muchos de los titulares de los juzgados –de las diferentes regiones del estado– que sufren todo tipo de carencias, en algunos casos desde el servicio de agua potable y en otros la falta de personal, de computadoras, de internet y hasta de tinta para las impresoras.

Tal situación contrasta con la llegada de nuevo personal, con altos salarios –de entre 45 mil y 68 mil pesos al mes–, en torno al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial poblano, que preside Carlos Palafox Galeana, quien arribó a esa posición para fortalecer el aparato de administración de justicia y ahora se ve aquejado por una larga lista de carencias y una ola de inconformidad de todos: de los trabajadores eventuales y de base, así como los titulares de los juzgados.

Se dice que esta crítica situación ya ha generado enojo y preocupación en la cúpula del Poder Ejecutivo y que no se descarta que, en breve, pudiera buscarse la manera de que “rueden algunas cabezas” de funcionarios del Poder Judicial que han provocado esta crisis.

Es tan grande el enojo que ahora se ha vuelto un comentario generalizado en los pasillos del Poder Judicial decir “estaríamos mejor con Héctor Sánchez”.

No es arbitraria esa expresión, pues el anterior presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez, pese a que se fue del cargo en noviembre del año pasado bajo la sospecha de abusos de autoridad y de supuestos malos manejo de los fondos públicos del TSJ, se destacaba porque tenía funcionando bien a los juzgados, que es donde la población tiene contacto directo con este poder público.

Las carencias en los juzgados empezaron a hacer crisis durante la gestión de Roberto Flores Toledano cuando fue presidente del TSJ, como parte de una estrategia del morenovallismo de debilitar al Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado para garantizar impunidad en torno a la ola delincuencial que se solapaba en Puebla.

En esos años del morenovallismo en los juzgados se carecía de todo, hasta de hojas de papel bond para imprimir los miles de documentos oficiales que todos los días se emiten.

Con la llegada de Héctor Sánchez a la cúpula del TSJ, primero bajo la protección del entonces gobernador morenovallista José Antonio Gali Fayad, y luego con su conversión a la 4T durante la breve gestión del mandatario Luis Miguel Barbosa Huerta, se resolvieron las carencias en los juzgados. Se pagaban a tiempo todas las cuentas de servicios, incluidos los de fotocopiadoras.

Ahora, ya sin la presencia de Héctor Sánchez, regresaron los problemas de faltantes de insumos, servicios y personal.

Empezando porque hay empleados de los juzgados que, aunque parezca difícil de creer, trabajan sin cobrar, no porque sean parte de la llamada “austeridad franciscana”, sino porque a varios se les debe tres meses de sueldo y a otros más no se les han pagado sus ingresos desde principios de año.

Antes los jueces eran los que proponían al personal que debía ser contratado como eventual.

Ahora se les ha quitado esa facultad. Se les puso encima una serie de auditores que solamente han complicado la disposición de personal suficiente en las instalaciones del Poder Judicial.

Algunos jueces, lo más responsables, pagan de sus bolsillos el servicio de pipas para que haya agua en los sanitarios. Lo mismo hacen con la falta de tinta para impresoras y de computadoras.

Pero en otros juzgados se han emprendido las campañas de pedir “cooperaciones”, lo que se traduce en posibles actos de corrupción.

Al final toda esta carencia provoca una sola cosa: que en los juzgados todo “se venda”, desde los trámites hasta la justicia.