La paradoja de la justicia: el pasado de opacidad de Abelardo Valenzuela en Chihuahua

La legitimidad de las instituciones encargadas de impartir justicia no depende únicamente de las leyes que las sustentan, sino de la calidad moral y la trayectoria de quienes las encabezan. En el estado de Chihuahua, la Fiscalía Anticorrupción enfrenta un severo dilema de credibilidad al tener al frente a Abelardo Valenzuela Holguín. Su figura, lejos de transmitir la rectitud y la certeza que exige la lucha contra la impunidad, evoca uno de los episodios de mayor descomposición interna en la historia reciente del Partido Acción Nacional (PAN) en Ciudad Juárez.

La historia se remonta al invierno de 2007, durante la contienda por la dirigencia municipal del PAN. En un proceso donde competían cinco aspirantes, la dinámica democrática se vio abruptamente interrumpida por una serie de tensiones que dinamitaron la cohesión del partido. En el centro de este colapso institucional estuvo Valenzuela Holguín, quien convirtió una elección de cuadros locales en un conflicto que requirió la intervención desesperada de las dirigencias estatal y nacional.

El punto de quiebre ocurrió con la implementación de pruebas antidoping para los competidores, una iniciativa dirigida a proyectar una imagen de limpieza e integridad pública. Mientras que cuatro de los aspirantes transparentaron de inmediato sus diagnósticos negativos, el expediente de Valenzuela se rodeó de sombras ante versiones de un resultado positivo. Frente al reclamo de sus pares y del propio partido para realizar una contraprueba que cerrara el debate, el actual fiscal optó por la descalificación y el atrinchere personal.

Valenzuela argumentó desconocer formalmente los resultados, desautorizó la cadena de custodia de las muestras y desconoció la validez de un procedimiento al que se había sometido voluntariamente. La lectura política de aquel momento fue inequívoca: antes que asumir las consecuencias o someterse a la comprobación de los hechos, prefirió desacreditar las reglas del juego e imponer la sospecha sobre la estructura partidista.

El impacto institucional de esta postura fue demoledor. El Comité Directivo Municipal no pudo encauzar el proceso y la contienda fijada para el 2 de diciembre de 2007 tuvo que ser suspendida. La crisis provocó la remoción del dirigente local, José Sigala Valero, la designación de una directiva provisional y la emisión de una orden formal para exigirle a Valenzuela una nueva evaluación médica. El conflicto demostró cómo la ambición personal de un militante podía paralizar y desgastar a toda una organización política frente a la opinión pública.

Hoy, dos décadas después de aquellos acontecimientos, Valenzuela Holguín funge como el fiscal Anticorrupción de Chihuahua. El contraste entre la naturaleza de su encargo actual y su comportamiento histórico genera un cuestionamiento ineludible. ¿Es posible exigir rigor, transparencia y apego al debido proceso a los servidores públicos cuando quien encabeza las investigaciones recurrió a la evasión y al cuestionamiento de los procedimientos cuando se vio comprometido?

El combate a la corrupción no se reduce a la aplicación técnica del derecho; requiere una autoridad moral incuestionable. Un funcionario que prefirió la opacidad para proteger su imagen política en el pasado carece del respaldo ético para actuar como el gran fiscalizador del estado. La trayectoria de Abelardo Valenzuela no es un mero antecedente biográfico, sino una sombra permanente que compromete la confianza ciudadana en la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.